“Indígena” es el nombre de un sujeto político en el que se concatenan siglos de luchas dispares por la defensa de las identidades étnicas de los pueblos. Tan polisémico como la amplia diversidad de comunidades, pueblos y naciones, lo indígena tiene como elemento central la demanda de libre determinación; entendida como el derecho colectivo a vivir dignamente, en paz y en términos propios: desde la relación ancestral de la comunidad con la tierra, ejercida en sus territorios, y a la manera que la cultura, organización y prácticas particulares del pueblo dicten.
La libre determinación es una reformulación del lugar que los pueblos tienen dentro de la sociedad, que rompe los límites de lo indio, construidos con discriminación, explotación, despojo y subordinación. Es, sin duda, una expresión de resistencia y rebeldía colectivas de los pueblos frente a los procesos de modernización que les condenan a la desaparición de sus formas de vida, de sus prácticas de organización comunitaria, de sus lenguas y culturas.
Indígena, remarquémoslo, es siempre una categoría política, un símbolo que reconoce, en un tiempo, la raíz ancestral de la lucha, la complejidad de las relaciones entre los pueblos y el poder, y reivindica a las identidades étnicas sujetas a la exclusión histórica del mundo moderno, liberal y capitalista.
Lo indígena nunca niega a la historia, sin embargo, concentra su energía en el presente, en las alternativas de organización que mediante prácticas vivas atienden el dolor de los que sufren la pesada estructura del orden social. La lucha indígena adquiere mayor potencia en la medida que la injusticia estructural es más profunda. Dado que la desigualdad, en todas sus dimensiones, es la característica fundamental del mundo del siglo XXI; en el complejo planeta de los desiguales, las alternativas que construyen los pueblos indígenas son cada vez más valiosas. En especial cuando la política ha sido reducida a la administración del descontento. Las oficinas públicas han vuelto a erigirse en palacios para protección de la élite y los funcionarios del estado en operarios de los mecanismos reproductores del sistema social.
Las múltiples facetas de las luchas indígenas y en especial las Juntas de buen gobierno en las comunidades zapatistas nos recuerdan que hay otras estructuras de organización política no liberales que funcionan democráticamente; que el gobierno se ejerce con el pueblo y no sólo mediante despensas, becas y apoyos; que la seguridad tiene más que ver con la cohesión y paz comunitarias que con la represión y combate a los criminales; y que la educación y salud son derechos incluyentes que no deben pasar por el mercado.
Cuando en los fastuosos sets mediáticos que degeneraron los foros parlamentarios no hay espacio para el pueblo, y al desacuerdo se le ha dejado en sus puertas; pues la política parlamentaria es el nombre políticamente correcto de la privatización negociada de lo público; cuando la representación es mera abogacía de quiénes tienen los recursos para pagar los altos costos de un apoderado y su corpulento despacho llamado partido político; un conjunto de pueblos indígenas se organizó y formaron el Congreso Nacional Indígena (CNI), una estructura horizontal que renueva el ideal de representación popular y de toma de decisiones públicas que buscan el bien común.
En estos tiempos en los que dentro del gobierno de los estados nacionales neoliberales, de la democracia y la justicia quedan sólo los ecos que provienen de la calle, cuando al final, al complejo del estado se le ha asignado como único objetivo lícito garantizar la libre empresa; El CNI decidió salir de los comunicados y declaraciones y llamar a la organización popular utilizando el mismo aparato institucional que mantiene la reproducción del sistema político: el sistema electoral.
Usando la plataforma del proceso electoral del 2018 en el que se eligen alcaldes, diputados locales y gobernadores en algunos estados, además de diputados, senadores y presidente de la República; El CNI presentará una candidata independiente: María de Jesús Patricio. Fungirá como vocera de los pueblos apelando a la organización de los no indígenas que también sufren los efectos del sistema social moderno, liberal, capitalista y patriarcal.
La causa de esta decisión es el estado de emergencia del país y del mundo. Urgencia que va más allá de lo político y que se expresa en la depredación intensificada de la naturaleza, el incremento de la violencia y exclusión. Son evidentes la desesperación y descontento con los que viven la mayor parte de las personas, muchos de ellos no encuentran una alternativa creíble en las opciones partidistas y apelando a ellos, el CNI llama a la organización como respuesta.
Lo indígena es político y en tal sentido funciona no sólo como alternativa sino como ejemplo para construir un mundo diferente. En México han decidido pasar a la ofensiva llamando a todos los que necesiten un sistema distinto para volver a soñar con vivir dignamente. ¿Es la política indígena una convocatoria a pensar una nueva utopía, paradójicamente posible y vivible en la medida que se lucha? Tal vez, su principal desventaja sea la dificultad para abandonar la resistencia y comenzar a crear hegemonía.